La Registraduria del Estado Civil, acogió una acción popular a través de la cual los habitantes de los seis municipios afectados por la construcción de la represa El Quimbo, podrán votar para revocar la licencia ambiental que autorizó el desarrollo de ese proyecto hidroeléctrico.
Los argumentos expuestos por los afectados, giran en torno del incumplimiento de Emgesa Enel, la multinacional propietaria de proyecto que se ha negado a cumplir con gran parte de las compensaciones a que tienen derecho, dados los impacto ambienales y estructurales que causó la construcción.
Según el abogado y ambientalista Javier Roa Salazar, Enel adeuda a los afectados más de un billón de pesos en compensaciones, hecho que ha causado graves daños a los campesinos y propietarios de los predios donde se ejecutó el perjudicial proyecto.