Un nuevo día sin audiencias se vivió en el Huila debido a la continuidad del paro indefinido de los defensores públicos, situación que mantiene paralizados más de 1.200 procesos judiciales en el departamento. La protesta, liderada por defensores adscritos a la Defensoría del Pueblo, ha generado un impacto directo en juzgados penales, donde no se han podido adelantar diligencias por la ausencia de representación legal para personas de escasos recursos.
Según los voceros del movimiento, la decisión de mantener el cese de actividades obedece a incumplimientos reiterados en pagos, sobrecarga laboral y falta de garantías contractuales, problemáticas que —aseguran— vienen afectando desde hace meses el ejercicio de la defensa pública. Mientras no exista una respuesta concreta por parte del Gobierno Nacional, advierten que las audiencias seguirán suspendidas, agravando la congestión judicial.
El paro ha generado preocupación en distintos sectores del sistema judicial, teniendo en cuenta que la defensa pública es un requisito indispensable para avanzar en procesos penales. La falta de defensores ha obligado a jueces a aplazar audiencias de imputación, juicios y lecturas de fallo, afectando tanto a personas privadas de la libertad como a víctimas que esperan decisiones de fondo.
Entre tanto, usuarios del sistema y operadores judiciales advierten que la parálisis prolongada podría derivar en vencimientos de términos y eventuales libertades, lo que incrementa la presión sobre las autoridades. Por ahora, más de 1.200 procesos permanecen en pausa, a la espera de una salida negociada que permita reactivar la administración de justicia en el departamento
