El uso de drones cargados con explosivos por parte de grupos armados ilegales se ha convertido en una creciente preocupación para las autoridades colombianas. La Defensoría del Pueblo advirtió que esta modalidad aumentó un 146 % entre enero y mayo de 2026, con hechos que no solo afectan a integrantes de la Fuerza Pública, sino que también ponen en riesgo a comunidades y zonas habitadas.
De acuerdo con un informe sobre ataques mediante Sistemas Aéreos No Tripulados (UAS), durante los primeros cinco meses del año se registraron 121 ataques en Colombia, que dejaron 145 personas heridas y 21 fallecidas.
Aunque la mayor concentración de estos hechos se presentó en Cauca, Norte de Santander y Valle del Cauca, el Huila también aparece dentro del mapa de esta amenaza. El reporte contabilizó un ataque durante los primeros cinco meses del año, pero posteriormente se registraron nuevos episodios en Teruel y La Plata.
Ataque en La Plata
Uno de los hechos más recientes ocurrió el 26 de agosto en zona rural de La Plata, donde tropas del Batallón Cacique Pigoanza, de la Novena Brigada, adelantaban labores para intervenir dos artefactos explosivos ubicados en una vía de la vereda San Rafael.
Durante estas operaciones, los militares fueron atacados con granadas lanzadas desde drones. Un soldado profesional resultó herido por esquirlas en la espalda, aunque sus lesiones no fueron consideradas de gravedad. Tras recibir atención médica, fue trasladado a Neiva.
El comandante de la Novena Brigada, general César Augusto Suárez, informó que posteriormente se registraron combates con integrantes de la estructura Hernando González Acosta y que las operaciones continuaron en el sector.
Teruel también fue escenario de ataques
El 7 de agosto, Teruel fue escenario de otro episodio relacionado con esta modalidad. Las autoridades reportaron el lanzamiento de varias granadas de fragmentación desde drones contra las instalaciones de la Policía y la Administración Municipal.
En medio del ataque, dos trabajadores de un servicio de internet que se encontraban en el lugar resultaron heridos por esquirlas.
Una amenaza que se extiende a zonas pobladas
Las cifras nacionales reflejan la expansión de esta estrategia. Entre enero y mayo, Cauca registró 33 ataques, Norte de Santander 30 y Valle del Cauca 16. También se reportaron hechos en Antioquia, Bolívar, Chocó, Nariño y Huila.
Uno de los principales motivos de preocupación es que estos ataques ya no se concentran exclusivamente en áreas rurales. Según el informe, 38 % ocurrió en centros poblados de zonas rurales, 13 % en áreas rurales dispersas y 21,5 % en cascos urbanos.
Durante ese periodo resultaron afectadas 14 viviendas, tres instituciones educativas y dos estaciones de servicio.
Aunque los integrantes de la Fuerza Pública continúan siendo el principal grupo afectado, con el 59 % de los casos correspondientes al Ejército y el 9 % a la Policía, la población civil representó el 32 % de los afectados.
Mayor sofisticación tecnológica
La Defensoría también advierte sobre la evolución tecnológica de estos ataques. El informe registra el uso de drones controlados mediante fibra óptica y de enjambres de aeronaves no tripuladas, modalidades que dificultan las labores de detección y neutralización.
En marzo, en Jamundí, Valle del Cauca, un ataque habría sido ejecutado mediante un enjambre de al menos 15 drones y dejó dos militares heridos.
El Huila ya había recibido señales de alerta
En febrero de 2026, el Ejército informó sobre el hallazgo de un depósito ilegal de explosivos en el Huila que contenía 10 artefactos tipo granada de 60 milímetros modificados y una granada de fragmentación.
Según las autoridades, este material habría sido acondicionado para ser empleado mediante drones y estaría destinado a acciones terroristas en La Plata y sectores cercanos.
Además, la Defensoría ha advertido sobre riesgos en municipios como Algeciras y Campoalegre, donde existen disputas territoriales entre estructuras armadas y preocupación por posibles hechos de violencia, utilización de explosivos improvisados y drones.
La ubicación del Huila, especialmente por los corredores que conectan el departamento con Cauca y Caquetá, mantiene la atención de las autoridades sobre municipios estratégicos como La Plata, Algeciras y Campoalegre.
El aumento de esta modalidad representa un nuevo desafío para la Fuerza Pública, que debe fortalecer sus capacidades para detectar y responder a estos ataques, pero también para proteger a la población civil ante una amenaza que puede llegar tanto a zonas rurales como a sectores urbanos.
