Dos adultos fueron enviados a prisión y dos adolescentes quedaron bajo internamiento preventivo, luego de un operativo adelantado por el Gaula de la Policía contra una presunta red de extorsión que intimidaba a una empresa comercializadora de productos cárnicos en la Zona Industrial de Neiva.
De acuerdo con la investigación, las exigencias económicas comenzaron en julio y habrían estado acompañadas de llamadas, mensajes, panfletos, fotografías, videos y amenazas contra las instalaciones, los vehículos y los trabajadores de la compañía.
Los señalados, al parecer, se identificaban como integrantes del frente Ismael Ruiz del Bloque Central Isaías Pardo. Inicialmente habrían exigido 100 millones de pesos, suma que posteriormente fue reducida a 70 millones tras varias negociaciones.
Como parte de las intimidaciones, presuntamente fue pintado un grafiti con las letras ‘Farc Ep’ en el portón de la empresa. La acción habría sido grabada y enviada posteriormente a los propietarios mediante WhatsApp, con el propósito de aumentar la presión y hacer creer que detrás de las amenazas estaba una estructura armada ilegal.
Ante esta situación, los responsables de la compañía acudieron a las autoridades. El Gaula inició las labores de investigación y estableció que dos adultos, identificados como Diego Armando Sánchez Roa y José Gabriel Sunce Bravo, presuntamente estarían involucrados en las exigencias económicas.
Las autoridades también señalaron que los adultos habrían utilizado a dos adolescentes de 15 y 16 años para entregar panfletos, transmitir comunicaciones y participar en las acciones relacionadas con el supuesto cobro extorsivo.
La entrega del dinero estaba prevista inicialmente en el departamento del Cauca. Sin embargo, con acompañamiento del Gaula, se coordinó una entrega controlada en la Zona Industrial de Neiva.
Durante el procedimiento, los investigadores prepararon un paquete con billetes de diferentes denominaciones. Cuando los sospechosos llegaron al lugar acordado, los uniformados intervinieron y capturaron a los dos adultos, además de aprehender a los dos adolescentes.
En el operativo fueron incautados cinco teléfonos celulares, una motocicleta y un vehículo, elementos que quedaron a disposición de las autoridades como parte del material probatorio.
La Fiscalía Seccional Huila imputó a los dos adultos los delitos de extorsión agravada en grado de tentativa y uso de menores de edad en la comisión de delitos. Ninguno aceptó los cargos.
Un juez de control de garantías ordenó que los adultos permanezcan en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial. En el caso de los adolescentes, se dispuso su internamiento preventivo en un centro especializado.
Según la información entregada por las autoridades, los menores tendrían registros relacionados con porte ilegal de armas de fuego y hurto agravado, mientras que los adultos presentarían anotaciones por otros delitos.
La Policía recordó a la ciudadanía que cualquier amenaza o exigencia económica puede ser denunciada a través de la línea 165 del Gaula. La recomendación de las autoridades es no pagar y acudir oportunamente a los organismos de seguridad.
