Cuatro personas, señaladas de integrar una presunta red dedicada al tráfico local de estupefacientes en el sur de Neiva, fueron judicializadas y enviadas a prisión por decisión de un juez de control de garantías. Según las investigaciones, los implicados habrían utilizado sus viviendas para almacenar, preparar y distribuir marihuana, bazuco y tusi en sectores cercanos a instituciones educativas.
Los procesados, tres hombres y una mujer, fueron capturados durante un operativo de allanamiento realizado en una vivienda del barrio José Antonio Galán. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la presunta actividad ilegal se habría desarrollado desde noviembre de 2024 y tendría entre sus consumidores a adolescentes y habitantes de calle.
Las autoridades identificaron a los capturados como María Ligia Lizcano Argote, José Alejandro Perdomo Casagua, Kevin Steven Rodríguez Sánchez y Daniel Fernando Bernal Silva, cuyas edades son 55, 32, 19 y 56 años, respectivamente.
Así ocultaban los estupefacientes
De acuerdo con las indagaciones, los lugares de residencia de los investigados habrían sido acondicionados como puntos de almacenamiento y dosificación de sustancias ilícitas. Una de las modalidades utilizadas para ocultar los estupefacientes consistía en guardarlos en morrales y maletas de viaje que permanecían debajo de las camas.
El procedimiento fue adelantado por integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con el acompañamiento de la Policía Metropolitana de Neiva y el Ejército Nacional.
Durante el allanamiento fueron incautados aproximadamente cinco kilos de marihuana, 250 cigarrillos de esta misma sustancia listos para su comercialización, 20 gramos de tusi y otros 20 gramos de clorhidrato de cocaína.
También fueron encontrados seis teléfonos celulares, dinero en efectivo y elementos que, presuntamente, eran utilizados para preparar y empacar las dosis.
Ninguno aceptó los cargos
Luego de las capturas, los cuatro señalados fueron presentados ante las autoridades judiciales. Un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) les imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
Aunque ninguno aceptó los cargos, el juez de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía y ordenó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para los cuatro procesados.
