Senado aprueba en primer debate proyecto que busca restringir tratamientos hormonales en menores de edad

La Comisión Séptima del Senado aprobó en primer debate el denominado Proyecto de Ley Laura, una iniciativa impulsada por el Centro Democrático y otras bancadas políticas que busca prohibir el uso de bloqueadores de pubertad y terapias hormonales cruzadas en menores de edad, cuando se trate de procedimientos de afirmación de género o reasignación de sexo.

El senador Andrés Forero, del Centro Democrático, explicó que la propuesta pretende que este tipo de decisiones y tratamientos puedan realizarse únicamente cuando las personas alcancen la mayoría de edad. Según el congresista, la iniciativa responde a preocupaciones relacionadas con la aplicación de estos procedimientos en niños desde los nueve años.

Forero sostuvo que la propuesta se fundamenta en la evidencia científica disponible y busca que una decisión de esta naturaleza se tome cuando la persona tenga la mayoría de edad.

Debate por los derechos de niños, niñas y adolescentes

La aprobación del proyecto generó posiciones encontradas entre los integrantes de la Comisión Séptima. La senadora Martha Peralta Epieyú cuestionó la iniciativa y manifestó que, aunque existe consenso sobre la importancia de proteger a los menores de edad, esto no significa que el Congreso deba imponer una prohibición absoluta.

La congresista también señaló que el proyecto sería inconstitucional y aseguró que los conceptos institucionales y técnicos conocidos durante su trámite son desfavorables. Además, advirtió que la propuesta podría representar un retroceso frente a los derechos reconocidos en la Constitución.

En contraste, la senadora Carol Borda, de Salvación Nacional, respaldó la aprobación y calificó la decisión como un avance para la protección de niños, niñas y adolescentes.

El proyecto continuará su trámite en el Senado

Con la aprobación en primer debate, el Proyecto de Ley Laura continuará su recorrido legislativo y deberá ser discutido en la plenaria del Senado.

La iniciativa mantiene abierto el debate sobre los alcances de la intervención del Estado en los tratamientos relacionados con la afirmación de género en menores de edad, así como sobre la protección de sus derechos y las decisiones médicas que involucran estos procedimientos.