Tito Murcia, quien reemplazó a Víctor Andrés Tovar como representante a la Cámara por el Huila en julio, ha abandonado su posición en el Congreso tras la suspensión temporal dictada por el Consejo de Estado. A pesar de sus intentos con recursos legales, no logró revertir esta decisión. La resolución final sobre la demanda por presunta doble militancia se conocerá a principios de febrero del próximo año.
La suspensión fue emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección Quinta) del Consejo de Estado, encabezada por Luis Alberto Álvarez Parra, Rocío Araujo Oñate y Pedro Pablo Vanegas Gil. Aunque se decretó en septiembre, su ejecución se demoró debido a los recursos legales interpuestos por Murcia Olaya, los cuales fueron rechazados después de tres meses.
Tras agotar estos recursos, el Consejo de Estado notificó la semana pasada a la Cámara de Representantes sobre la suspensión, lo que llevó al presidente de la corporación, Andrés Calle, a expedir la resolución formal apartando a ‘Tito’ de su función como congresista. Además, se le pidió devolver los bienes proporcionados por la Cámara para su labor legislativa.
La demanda que provocó esta suspensión fue presentada por Alladie Usme Restrepo, argumentando que el ingreso de Murcia Olaya al cargo de representante a la Cámara estaba viciado de nulidad debido a su presunta doble militancia. Se alega que no renunció a su partido político anterior con la anticipación requerida antes de unirse al Partido Cambio Radical.
La Procuraduría General de la Nación se opuso a la suspensión, sosteniendo que la evidencia presentada hasta el momento no es suficiente para determinar la violación de las leyes. Argumentaron que no había claridad sobre si la condición de directivo en los estatutos partidistas era suficiente para configurar la acusación de doble militancia. Según la procuradora Séptima Delegada ante el Consejo de Estado, Idayris Yolima Carrillo Pérez, estos asuntos deberían evaluarse con base en pruebas más sólidas y en el contexto de la interpretación jurídica, asegurando así el derecho fundamental de elegir y ser elegido.