El recientemente creado Ministerio de la Igualdad en Colombia, bajo la administración de la vicepresidenta Francia Márquez y el presidente Gustavo Petro, ha generado controversia debido a un contrato de arrendamiento para dos pisos y varias oficinas ubicadas en el Centro Internacional de Bogotá.
La polémica se centra en el costo aparentemente elevado de estas oficinas, lo que contradice la promesa de austeridad hecha por el Gobierno durante la campaña electoral. El Ministerio emitió un comunicado en respuesta, explicando que aún no cuentan con una sede propia y que necesitan un espacio temporal mientras se realiza la adecuación de un edificio que se recibirá en comodato. Este proceso se estima que podría tardar hasta 12 meses.
El contrato de arrendamiento, según la comunicación oficial, es para 300 puestos de trabajo amoblados y tiene una duración de 12 meses, con un valor de 230 millones de pesos cada mes, totalizando unos $2.700 millones en total. El Ministerio argumenta que este alquiler es necesario para cumplir con las funciones y competencias del Estado y permitir la formulación, diseño e implementación de planes para poblaciones históricamente marginadas y excluidas.
La situación ha avivado el debate sobre la gestión financiera del Gobierno, dividiendo opiniones entre sectores progresistas que defienden la importancia del Ministerio para abordar la desigualdad y sectores conservadores preocupados por el aumento del gasto público.