El proyecto de Ley de Sometimiento presentado por el Gobierno nacional continúa su trámite en el Congreso de la República, donde la Cámara de Representantes adelantaba la discusión de la iniciativa, que cuenta con mensaje de urgencia.
La propuesta busca dotar al Estado colombiano de herramientas jurídicas para el restablecimiento y mantenimiento del orden público, la protección de la población civil, la intervención integral de los territorios y el desmantelamiento de organizaciones armadas ilegales.
La iniciativa, denominada política estatal para garantizar el orden público, ha generado un debate político por las disposiciones relacionadas con los beneficios judiciales que podrían recibir integrantes de estructuras criminales.
Cuestionamientos por las rebajas de penas
Uno de los críticos del proyecto es el senador del Pacto Histórico, Ferney Silva Idrobo, quien cuestionó los beneficios contemplados para los integrantes de organizaciones criminales y advirtió sobre posibles modificaciones a las restricciones existentes frente a responsables de delitos contra menores de edad.
En sus cuestionamientos, el congresista señaló que el proyecto contemplaría rebajas de penas de hasta el 50 % para integrantes de bandas criminales y del 30 % para sus cabecillas.
También manifestó su preocupación por la posibilidad de solicitar libertad condicional una vez cumplido el 40 % de la condena, así como por los cambios planteados para los centros de reclusión y la financiación de estas medidas en el presupuesto de 2027.
El senador también cuestionó que la iniciativa contemple beneficios para responsables de delitos contra menores de 14 años, un aspecto que, según indicó, debe generar especial atención durante la discusión legislativa.
Continúa el trámite legislativo
Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, había señalado que la intención era avanzar en la aprobación del proyecto durante la jornada del lunes festivo, con el propósito de facilitar posteriormente la conciliación del texto con el Senado.
Entretanto, la senadora Isabel Zuleta anunció que la iniciativa también sería discutida en la plenaria del Senado.
Hasta el cierre de la información, el debate continuaba en la Cámara de Representantes, por lo que el proyecto seguía sujeto a las decisiones de las plenarias y al trámite legislativo correspondiente.
La discusión mantiene posiciones encontradas entre quienes respaldan la creación de nuevos instrumentos para enfrentar a las organizaciones armadas ilegales y quienes cuestionan los beneficios judiciales y las condiciones previstas en la propuesta.
