Durante un debate de control político a la Secretaría de Gobierno departamental, los diputados pusieron bajo la lupa la ejecución presupuestal, las demoras en la adquisición de equipos, el funcionamiento de las cámaras de seguridad y un contrato de $1.970 millones para mediadores de convivencia. También solicitaron soportes contractuales e indicadores que permitan verificar los resultados de las inversiones.
La ejecución de los recursos destinados a seguridad y convivencia en el Huila generó cuestionamientos durante un debate de control político en la Asamblea Departamental. Los diputados Wilfred Trujillo, Omar Alexis Díaz, Armando Acuña y Virgilio Huergo expusieron sus inquietudes frente al manejo de los recursos, los retrasos en diferentes procesos de contratación y los resultados de los programas financiados por la Gobernación.
El secretario de Gobierno del Huila, Camilo Castrillón, presentó un balance de las inversiones del Fondo de Seguridad Territorial (FONSET) y respondió a los interrogantes. Durante su intervención reconoció demoras en algunas adquisiciones y dificultades para establecer el impacto directo de las inversiones en la reducción de los delitos.
Ejecución presupuestal, uno de los principales cuestionamientos
Uno de los puntos centrales del debate fue la ejecución de los $71.400 millones contemplados en el Plan de Desarrollo para el sector seguridad.
El diputado Wilfred Trujillo señaló que, de acuerdo con las cifras presentadas, se habían ejecutado aproximadamente $30.062 millones, equivalentes al 42,1 % de los recursos.
Por su parte, Castrillón explicó que el presupuesto apropiado del FONSET rondaba los $60.000 millones y que la ejecución alcanzaba cerca del 50 % de esa partida. Las diferencias en las bases de cálculo llevaron a los diputados a pedir mayor claridad sobre el avance real de las inversiones.
Trujillo también solicitó establecer si los retrasos obedecían a problemas de planeación, capacidad administrativa o dificultades en la contratación, y cuestionó la falta de indicadores para medir los resultados de los proyectos.
Demoras en compras de equipos para la Fuerza Pública
Durante la presentación, el secretario reportó 53 contratos y convenios, además de recursos pendientes de compromiso para diferentes proyectos de seguridad.
Entre las explicaciones entregadas mencionó la compra de radios Harris solicitados por la Novena Brigada, cuya entrega podría tardar hasta 320 días debido a trámites de exportación y autorizaciones en Estados Unidos. Según Castrillón, el proveedor estimaba que los equipos podrían llegar en mayo o junio del próximo año.
También explicó que la adquisición de un escáner 3D solicitado por la Fiscalía dependía de la confirmación de las especificaciones técnicas por parte de esa entidad.
A esto se sumaron las dificultades para entregar dos camionetas Toyota TXL blindadas, destinadas al comandante del Batallón de Servicios número 9 y al gobernador del Huila, así como la puesta en funcionamiento de un dron adquirido en diciembre de 2025, que todavía requería trámites especiales de matrícula y autorización.
Contrato de $1.970 millones para mediadores genera controversia
Uno de los asuntos que concentró mayores cuestionamientos fue el programa de mediadores de convivencia, financiado con cerca de $1.970 millones.
Durante el debate, Luzdey Artunduaga presentó un balance de las actividades desarrolladas por el personal vinculado al programa. Según las cifras expuestas, se atendieron 1.621 riñas, 2.129 situaciones relacionadas con violencia intrafamiliar, 693 conflictos escolares y 1.173 casos de convivencia comunitaria.
Sin embargo, los diputados cuestionaron la documentación contractual y las diferencias entre los registros de atención y las estadísticas oficiales de seguridad.
Uno de los reparos estuvo relacionado con la duración del contrato. Según se expuso, los documentos entregados inicialmente a la Asamblea mostraban una vinculación de cuatro meses, por cerca de $1.970 millones, mientras que la funcionaria explicó que hubo una adición en tiempo y que las actividades se extendieron hasta agosto.
Los diputados solicitaron los documentos de esa prórroga, las obligaciones contractuales, las hojas de vida de los mediadores y los soportes que acrediten las actividades realizadas.
Armando Acuña también cuestionó la preparación del personal y pidió revisar los convenios suscritos con el Fondo Mixto y otras entidades. Incluso planteó la necesidad de realizar un debate específico sobre este programa y contar con el acompañamiento de los organismos de control.
Cámaras de seguridad y funcionamiento de Mi Barrio Seguro
Otro frente de discusión fue la operación de los sistemas de videovigilancia en el departamento.
Castrillón informó que el Huila contaba con 2.394 cámaras instaladas y otras 49 en proceso de ejecución. También explicó que no todos los dispositivos están conectados directamente con la Policía, pues algunos funcionan como herramientas de registro para investigaciones posteriores.
Sobre los proyectos en Palermo, Yaguará y San Agustín, indicó que existían diferentes niveles de avance y que la expectativa era finalizar las instalaciones pendientes antes de terminar noviembre.
El diputado Omar Alexis Díaz cuestionó, por su parte, el funcionamiento del programa Mi Barrio Seguro. Señaló que algunas cámaras habrían quedado desconectadas por dificultades de energía, mantenimiento o situaciones relacionadas con las juntas de acción comunal encargadas de recibir los equipos.
Por ello, pidió aclarar quién debe garantizar su administración y funcionamiento.
Extorsión y violencia intrafamiliar entre las preocupaciones
En materia de seguridad, el secretario presentó cifras con corte al 18 de octubre. Según el balance departamental, algunos delitos como homicidio, extorsión, secuestro y hurto a comercio registraban disminuciones.
No obstante, reconoció que las cifras de extorsión no necesariamente reflejaban la situación que se vive en los municipios, debido al temor de las víctimas a denunciar y al posible subregistro.
En contraste, su presentación reportó incrementos del 14 % en violencia intrafamiliar, del 8 % en lesiones personales y del 1,5 % en hurto a personas.
Los diputados también insistieron en fortalecer los mecanismos de recompensa, la participación de comerciantes, ganaderos y cafeteros en los consejos de seguridad, y las estrategias de prevención frente a la presencia de grupos armados y el reclutamiento de menores.
El debate dejó sobre la mesa nuevas solicitudes de información a la Secretaría de Gobierno, especialmente sobre los soportes de contratación, la ejecución de los recursos y los resultados verificables de los programas financiados con dineros públicos.
