La Contraloría Departamental del Huila entregó su balance oficial de fiscalización correspondiente a 2026, revelando un total de 310 hallazgos administrativos, fiscales, disciplinarios y penales tras auditar a 52 entidades del departamento. El monto involucrado en irregularidades fiscales asciende a más de $4.711 millones.
La principal preocupación del ente de control recae sobre la proliferación de obras públicas inconclusas, abandonadas o sin entrar en servicio. Entre los casos emblemáticos se destacan un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en La Argentina que permanece cerrado por falta de niños y un puesto de salud en el norte del departamento que lleva más de diez años sin prestar atención a la comunidad.
Llamado a alcaldes y gerentes El contralor departamental recordó que los mandatarios locales deben asumir la responsabilidad de destrabar estas infraestructuras: “Cada alcalde o gerente recibió un acta de empalme con el estado de las obras; actuar a tiempo para que la comunidad reciba el beneficio social no es un invento de la Contraloría, es su deber”. A través de la plataforma HESIP, el organismo continuará el rastreo para exigir la conclusión de las obras e imputar las responsabilidades a que haya lugar.
