El expresidente Álvaro Uribe Vélez enfrenta una nueva diligencia ante la Fiscalía General de la Nación dentro de una investigación relacionada con hechos de violencia ocurridos en Antioquia entre 1996 y 1998, cuando se desempeñaba como gobernador del departamento.
El proceso busca establecer si Uribe tuvo alguna responsabilidad, por acción u omisión, en las masacres de La Granja, El Aro y San Roque, así como en el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo.
La Fiscalía citó al exmandatario a indagatoria este 4 de septiembre de 2026, en una actuación que busca esclarecer hechos que permanecen bajo investigación desde hace décadas.
¿Qué ocurrió en estos casos?
Uno de los expedientes corresponde a la masacre de La Granja, ocurrida el 11 de junio de 1996, en jurisdicción de Ituango. Allí fueron asesinados cuatro habitantes por integrantes de grupos paramilitares. Posteriormente, cientos de personas fueron desplazadas de la zona.
Otro de los casos es el de San Roque, donde entre el 13 y el 17 de septiembre de 1996 se registró una incursión paramilitar. La investigación analiza, entre otros aspectos, la posible relación entre la entonces administración departamental y la conformación de estructuras ilegales.
En octubre de 1997 ocurrió la masacre de El Aro, también en Ituango. Según los expedientes judiciales, un grupo paramilitar asesinó a 17 personas, destruyó viviendas, se apoderó de ganado y provocó el desplazamiento de los habitantes del poblado.
Estos hechos fueron objeto de decisiones internacionales y judiciales. En 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por lo ocurrido en La Granja y El Aro, mientras que en 2018 la Corte Suprema de Justicia declaró ambos casos como crímenes de lesa humanidad.
El asesinato de Jesús María Valle
La investigación también incluye el asesinato del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, ocurrido en Medellín el 27 de febrero de 1998.
Valle había denunciado públicamente la violencia paramilitar en Ituango y señalado presuntos vínculos entre integrantes de la Fuerza Pública y grupos paramilitares. También había cuestionado la actuación de las autoridades frente a la situación de orden público en la región.
Por este hecho, la Fiscalía investiga al expresidente por el delito de homicidio en persona protegida, de acuerdo con la información publicada por El Espectador.
¿Qué busca establecer la Fiscalía?
Uno de los principales interrogantes es si Uribe, como gobernador de Antioquia, conocía los riesgos que enfrentaban los habitantes de Ituango y si habría incumplido sus deberes para proteger a la población.
La Fiscalía también investiga una posible participación del entonces gobernador en la conformación o articulación de estructuras paramilitares y su eventual relación con la incursión de El Aro.
En el caso de San Roque, el expediente está relacionado con las investigaciones sobre la presunta conformación de grupos paramilitares en los años noventa, incluyendo referencias a la hacienda Guacharacas, que perteneció a la familia Uribe.
Uribe niega las acusaciones
El expresidente ha rechazado cualquier vínculo con la creación, financiación o coordinación de grupos paramilitares y ha sostenido que no tuvo conocimiento anticipado de las masacres de La Granja y El Aro.
Su defensa también ha cuestionado elementos y testimonios que aparecen dentro de las investigaciones.
La diligencia de indagatoria constituye el escenario en el que Uribe puede entregar su versión sobre los hechos. Bajo el procedimiento penal aplicable a estos casos, tiene derecho a guardar silencio y no está obligado a declarar contra sí mismo.
Un proceso con antecedentes de más de dos décadas
La investigación ha pasado por diferentes etapas y despachos judiciales. En septiembre de 2020, después de la renuncia de Uribe al Senado, la competencia para investigarlo pasó de la Corte Suprema a la Fiscalía.
El caso ha retomado fuerza en los últimos años y se suma a otro proceso judicial que enfrentó el expresidente por presunta manipulación de testigos, en el cual fue condenado en primera instancia en 2025 y posteriormente absuelto por el Tribunal Superior de Bogotá. Ese expediente actualmente está en casación ante la Corte Suprema.
Ahora, la Fiscalía busca avanzar en el esclarecimiento de la posible responsabilidad de Uribe frente a algunos de los episodios más graves de violencia paramilitar registrados en Antioquia durante la década de los noventa.
