La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 016 de 2026, en la que advierte sobre el incremento del riesgo para la población civil por la expansión del Frente Ismael Ruiz y la Compañía Móvil Julián González, estructuras del Bloque Central Isaías Pardo del autodenominado Estado Mayor Central (EMC), en los municipios de Aipe, Neiva, Palermo, Santa María y Teruel. El organismo señaló que la presencia de este grupo armado ha generado un escenario de posibles violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, debido al control que ejerce sobre corredores estratégicos que conectan al Huila con el sur del Tolima y el Cauca.
De acuerdo con el informe, durante 2025 fueron documentados al menos seis homicidios considerados “ejemplarizantes”, además del aumento de extorsiones dirigidas contra caficultores, ganaderos, mineros de mármol y transportadores. La Defensoría también advirtió que la organización ilegal estaría imponiendo restricciones de movilidad, estableciendo supuestos “manuales de convivencia” y utilizando a líderes comunales para transmitir órdenes a las comunidades, lo que incrementa la presión sobre la población en las zonas rurales.
El organismo expresó además su preocupación por las presuntas infracciones al Derecho Internacional Humanitario, entre ellas el uso de civiles como escudos humanos, la ocupación de instituciones educativas durante enfrentamientos y el empleo de drones con explosivos. Asimismo, alertó sobre el riesgo de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes mediante promesas económicas y redes sociales, así como las amenazas dirigidas contra firmantes del Acuerdo de Paz y comunidades indígenas Nasa que habitan en esta región del departamento.
Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo formuló 19 recomendaciones dirigidas a entidades nacionales, departamentales y municipales para fortalecer las medidas de protección de la población civil. Entre las principales acciones planteadas se encuentran el refuerzo de las estrategias para prevenir el reclutamiento de menores, garantizar la seguridad de líderes sociales y firmantes de paz, mejorar la presencia institucional y fortalecer la conectividad en las zonas rurales donde se concentra el mayor nivel de riesgo.
