La Defensoría del Pueblo informó que entrevistó a 35 mujeres privadas de la libertad durante una brigada jurídica realizada en el Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional (ERON) de Neiva, con el fin de identificar posibles beneficiarias del mecanismo de utilidad pública contemplado en la Ley 2292 de 2023.
Según explicó la entidad, las mujeres evaluadas cumplirían con los requisitos establecidos por la norma, por lo que actualmente se adelanta la elaboración de las solicitudes que serán presentadas ante los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, quienes tendrán la última palabra sobre la concesión del beneficio en cada caso particular.
La Ley 2292 permite que determinadas mujeres, especialmente madres cabeza de familia y personas en condiciones de vulnerabilidad, puedan sustituir la pena de prisión por la prestación de servicios de utilidad pública, siempre que cumplan las condiciones fijadas por la legislación y exista disponibilidad de plazas para desarrollar estas actividades comunitarias.
La Defensoría señaló además que en el departamento del Huila existen actualmente tres plazas de utilidad pública habilitadas, las cuales podrían ser utilizadas por mujeres que obtengan la aprobación judicial para cumplir sus condenas mediante trabajo comunitario, una alternativa que busca favorecer procesos de resocialización y reducir el impacto de la privación de la libertad sobre sus familias.
