El Gobierno Nacional planea destinar 670.656 millones de pesos para el suministro de alimentos a las personas detenidas en cárceles, estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) a partir del año 2024. Esta medida, contemplada en una ley aprobada recientemente por el Congreso, ha sido desarrollada en colaboración con entidades territoriales, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, en cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional.
Según lo estipulado, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), dependiente del Ministerio de Justicia, será responsable del suministro de alimentos para las personas detenidas en estaciones de Policía y URI hasta el 30 de junio de 2025. Después de esta fecha, la responsabilidad del servicio pasará a manos de los municipios y departamentos.
El propósito principal de esta ley es evitar la interrupción en la prestación del servicio, garantizando los derechos fundamentales de aquellos detenidos de manera preventiva en centros transitorios.
Actualmente, alrededor de 17 mil personas privadas de la libertad reciben alimentación de la Uspec en las URI y estaciones de Policía. En el año 2023, se destinaron 647.000 millones de pesos para la alimentación de personas privadas de la libertad, tanto en centros de detención transitoria como en cárceles del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). De este monto, 92.957 millones de pesos fueron asignados específicamente para centros de detención transitoria durante ese año.