Docentes de instituciones educativas en los municipios de Nátaga y Suaza, Huila, han denunciado amenazas graves contra su integridad física y la de sus familias. Las intimidaciones, que se originaron en Nátaga y en las veredas Alto Horizonte y Brasil en Suaza, provienen de un grupo autodenominado como miembros de las FARC EP. Este grupo exigió sumas de dinero a cambio de no llevar a cabo atentados contra los docentes y directivos.
En respuesta a las amenazas, los docentes y el personal administrativo de las instituciones afectadas enviaron una solicitud a las autoridades para suspender inmediatamente las labores académicas a partir del 29 de agosto de 2024. En el oficio conocido por La Última, se detalla que el 27 de agosto, a las 10:45 a.m., la rectora de una de las instituciones recibió una videollamada por WhatsApp en la que se le exigió una “contribución voluntaria” de un millón de pesos por docente y cinco millones por rector. De no cumplir con estas demandas, el grupo armado amenazó con atentar contra la vida de los implicados y sus familias.
El grupo armado justificó su exigencia argumentando que las declaraciones del presidente de la Asociación de Docentes del Huila (ADIH) sobre reclutamiento forzado en la región eran falsas. Por lo tanto, impusieron esta “contribución voluntaria” como una forma de apoyo al frente armado, advirtiendo que el incumplimiento sería interpretado como falta de respaldo.
La Secretaría de Educación del Huila ha tomado conocimiento del caso y lo reportó a las autoridades municipales de Nátaga y Suaza. Según la Secretaría, “delincuencia común reunió a los docentes y directivos, exigiendo grandes sumas de dinero bajo la amenaza de atentar contra ellos y sus familias”. La situación ha generado una gran preocupación entre los docentes, quienes temen posibles represalias.
Las autoridades locales, en colaboración con la Gobernación del Huila, han iniciado un operativo de seguridad para capturar a los responsables de las amenazas. Además, la Secretaría de Educación está trabajando con el jefe de seguridad de la Gobernación para diseñar un protocolo que evite la repetición de estos hechos en las 177 instituciones educativas y 35 municipios no certificados en educación del departamento.
Mientras tanto, el clima de inseguridad persiste entre los docentes, quienes temen por su seguridad y la de sus familias, poniendo en riesgo la continuidad del servicio educativo en la región.
