Luego de una intensa operación de búsqueda de 18 días, el cuerpo de Valeria Afanador, la niña de 10 años desaparecida desde el 12 de agosto, fue encontrado sin vida este viernes en una zona cercana al río Frío, a solo 300 metros de su escuela, el Gimnasio Campestre Los Laureles, en Cajicá. El hallazgo fue confirmado por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.
El cuerpo fue localizado por un residente en la vereda La Fagua, desde donde dio aviso al sector de seguridad local. Las autoridades, junto al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y los bomberos de Cajicá, procedieron a hacer la extracción y los actos urgentes correspondientes.
Lo que genera conmoción es que ese mismo sector había sido inspeccionado múltiples veces por equipos de búsqueda conformados por cerca de 200 personas, entre bomberos, Ejército, Policía, CTI y voluntarios, sin hallar el cuerpo. Por ello, el gobernador expresó sus dudas sobre si el cuerpo estuvo allí los 18 días o fue trasladado posteriormente.
La niña fue hallada con la sudadera que llevaba el día de su desaparición, lo que fortalece la certeza de que se trata de Valeria. Ahora el cuerpo será trasladado a Medicina Legal para confirmar su identidad y determinar la causa y el tiempo de muerte.
El abogado de la familia, Julián Quintero, afirmó con firmeza que no permitirán que este crimen quede impune, y exigió que se investiguen las circunstancias del hallazgo.
La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, expresó su pesar con un mensaje en redes sociales:
“Bella Valeria, tu búsqueda terminó y el dolor empieza…”
La Comisión de Género de la Rama Judicial también se pronunció, exigiendo que las instituciones garanticen protección y atención a los niños, niñas y adolescentes, y que el caso de Valeria avance con total rigurosidad.
Valeria, diagnosticada con síndrome de Down y con lenguaje limitado, desapareció el 12 de agosto alrededor de las 10 a.m. al salir del colegio. Las cámaras de seguridad captaron cómo atravesaba una cerca viva que rodeaba la institución, sin retornar.
Desde entonces, la comunidad se movilizó mediante marchas, difusión en redes, volantes y carteles, mientras las autoridades activaron alertas, incluyendo una circular amarilla de Interpol y recompensas que alcanzaron los 70 millones de pesos.
La Defensoría del Pueblo advirtió sobre fallas en el protocolo de búsqueda, como demoras en activar alertas cruciales y omisiones en el trabajo coordinado entre instituciones.