La crisis del estadio Guillermo Plazas Alcid de Neiva suma un nuevo capítulo. A los años de retrasos, problemas estructurales y una reconstrucción que nunca se concretó, ahora se agrega una millonaria obligación económica que podría comprometer aún más las finanzas del municipio.
El Ministerio del Deporte activó el cobro coactivo y decretó embargos sobre las cuentas de la Alcaldía de Neiva, con el propósito de recuperar los recursos nacionales destinados a la fallida remodelación del escenario deportivo. La deuda, que inicialmente fue calculada en $2.156 millones, habría aumentado hasta ubicarse entre $5.654 millones y $6.415 millones, debido a los intereses y demás cargas financieras acumuladas.
El origen de la controversia está en el convenio suscrito en 2013 entre la Alcaldía de Neiva, la Gobernación del Huila y Coldeportes, hoy Ministerio del Deporte, para intervenir el estadio con una inversión inicial de $21.200 millones. Sin embargo, las obras comenzaron en diciembre de 2014 y nunca llegaron a terminarse.
Entre las irregularidades señaladas durante el proceso se encuentran modificaciones al proyecto original, la eliminación de intervenciones estructurales y desembolsos realizados al contratista sin que, según los cuestionamientos del Ministerio, existieran las verificaciones técnicas correspondientes.
La situación se agravó tras el colapso de la tribuna occidental en 2016, tragedia que dejó cuatro personas muertas y diez heridas. Desde entonces, el escenario ha permanecido marcado por las investigaciones, controversias contractuales y dificultades para concretar su recuperación.
En el ámbito judicial, la Alcaldía de Neiva demandó la liquidación unilateral del convenio para evitar el reintegro de los recursos. No obstante, el Tribunal Administrativo del Huila negó las pretensiones del municipio y respaldó la legalidad de las actuaciones del Ministerio del Deporte.
Posteriormente, la administración municipal solicitó medidas cautelares ante el Consejo de Estado para detener el cobro y levantar los embargos, pero estas fueron negadas. Actualmente, el alto tribunal tiene pendiente resolver el recurso de apelación y emitir una decisión definitiva de segunda instancia.
El panorama representa un nuevo desafío para Neiva, pues la obligación económica podría afectar la disponibilidad de recursos destinados a inversión pública. Además, la aprobación de nuevos diseños para el estadio no significa que la deuda con el Gobierno Nacional haya desaparecido.
Así, la recuperación del Guillermo Plazas Alcid enfrenta dos grandes obstáculos: resolver el futuro de una infraestructura que lleva años esperando una solución y responder por una obligación multimillonaria que continúa vigente mientras avanza el proceso judicial.
