Un fallo de tutela emitido por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Neiva ordenó suspender cualquier decisión de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) relacionada con la ampliación del resguardo Kokonuco y Yanacona de Paletará, al considerar la necesidad de proteger los derechos fundamentales de las comunidades indígenas del Huila.
La decisión judicial, fechada el 22 de abril de 2026, establece que deben garantizarse procesos como la consulta previa, el debido proceso y la participación efectiva de las comunidades que habitan territorios que podrían verse afectados. La controversia surge por la intención de ampliar un resguardo del Cauca sobre más de 49 mil hectáreas, parte de ellas ubicadas en municipios huilenses como San Agustín, Isnos, La Argentina y Saladoblanco.
En su pronunciamiento, el juez ordenó a la ANT resolver las oposiciones presentadas por las comunidades, realizar una visita técnica interétnica en la zona y adelantar un proceso de consulta previa antes de tomar decisiones de fondo. Asimismo, deberá vincular de manera efectiva a las autoridades territoriales y a las comunidades involucradas en el proceso.
Desde la Gobernación del Huila se destacó el fallo como una decisión clave para la defensa del territorio, la protección de los derechos de las comunidades indígenas y la conservación de ecosistemas estratégicos como el Parque Nacional Natural Puracé, evitando posibles conflictos interétnicos y afectaciones ambientales en esta zona del sur del país.
Un fallo de tutela emitido por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Neiva ordenó suspender cualquier decisión de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) relacionada con la ampliación del resguardo Kokonuco y Yanacona de Paletará, al considerar la necesidad de proteger los derechos fundamentales de las comunidades indígenas del Huila.
La decisión judicial, fechada el 22 de abril de 2026, establece que deben garantizarse procesos como la consulta previa, el debido proceso y la participación efectiva de las comunidades que habitan territorios que podrían verse afectados. La controversia surge por la intención de ampliar un resguardo del Cauca sobre más de 49 mil hectáreas, parte de ellas ubicadas en municipios huilenses como San Agustín, Isnos, La Argentina y Saladoblanco.
En su pronunciamiento, el juez ordenó a la ANT resolver las oposiciones presentadas por las comunidades, realizar una visita técnica interétnica en la zona y adelantar un proceso de consulta previa antes de tomar decisiones de fondo. Asimismo, deberá vincular de manera efectiva a las autoridades territoriales y a las comunidades involucradas en el proceso.
Desde la Gobernación del Huila se destacó el fallo como una decisión clave para la defensa del territorio, la protección de los derechos de las comunidades indígenas y la conservación de ecosistemas estratégicos como el Parque Nacional Natural Puracé, evitando posibles conflictos interétnicos y afectaciones ambientales en esta zona del sur del país.
