Una nueva decisión del Gobierno Nacional abrió un intenso debate en Colombia. El presidente Abelardo De La Espriella firmó el Decreto 1368 de 2026, mediante el cual se levanta la suspensión general que pesaba sobre los permisos para el porte de armas de fuego.
La medida permite que los permisos individuales que se encuentren vigentes recuperen su eficacia, siempre que no exista una suspensión individual, cancelación, revocatoria, vencimiento, prohibición judicial u otra circunstancia que impida el porte.
Sin embargo, la decisión no significa que cualquier persona pueda portar un arma libremente. Los requisitos establecidos por la legislación colombiana continúan vigentes, al igual que los controles de las autoridades militares y de seguridad.
El Gobierno sostiene que la decisión busca devolver a los ciudadanos que cumplen con los requisitos legales la posibilidad de ejercer el derecho a la defensa personal. El presidente también ha argumentado que buena parte de los delitos cometidos con armas de fuego involucran armamento que circula de manera ilegal.
La decisión, no obstante, ha generado cuestionamientos y preocupación entre sectores que advierten sobre los posibles efectos que podría tener un mayor número de armas legales en circulación y sobre los retos que enfrentará la Fuerza Pública para verificar los permisos durante los controles.
De esta manera, el levantamiento de la suspensión vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre seguridad, defensa personal, control de armas y responsabilidad ciudadana en Colombia.
