Antioquia, Colombia – 21 de agosto de 2025 – En la mañana de este jueves, un helicóptero UH-60 Black Hawk de la Policía Nacional fue derribado con un dron cargado con explosivos en la zona rural del municipio de Amalfi, en el nordeste antioqueño, generando un ataque sin precedentes con ese tipo de armamento contra la fuerza pública en la región.
Hechos y víctimas
El siniestro ocurrió en inmediaciones de la vereda Los Toros, donde la aeronave hacía un sobrevuelo para brindar apoyo a uniformados que adelantaban labores de erradicación manual de cultivos de coca. El dron impactó el rotor de cola del helicóptero, provocando su caída inmediata.
Fuentes oficiales confirmaron que seis policías murieron y siete resultaron lesionados, quienes ya están siendo atendidos en centros asistenciales de la región.
Culpables y contexto del ataque
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, señaló en sus redes sociales que este ataque estaría relacionado con grupos armados ilegales que operan en la zona, entre ellos disidencias de las FARC y el Clan del Golfo.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro atribuyó directamente el atentado al Clan del Golfo, vinculándolo a un golpe a sus intereses financieros: la acción se dio cuando la fuerza pública incautó 1.5 toneladas de cocaína en Urabá, un duro golpe al narcotráfico.
Respuesta del Estado
Frente a esta agresión, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) activó de inmediato una aeronave Arpía que reforzó las operaciones en la zona y facilitó la evacuación del personal afectado.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que el Estado enfrentará este ataque con “toda la contundencia”, rechazando el terrorismo y el narcotráfico encabezados por el Clan del Golfo.
Importancia del hecho
Este atentado representa un precedentes grave: es posiblemente el primer ataque con dron ejecutado contra la fuerza pública en Antioquia, lo que podría indicar una nueva modalidad de violencia por parte de grupos armados ilegales.
La tragedia ocurre en pleno dispositivo de seguridad y erradicación que busca debilitar el poder económico del narcotráfico, y pone en evidencia la sofisticación y capacidad de respuesta de los grupos ilegales ante acciones del Estado.