Bogotá. — La JEP resolvió de manera definitiva la situación jurídica de 133 exintegrantes del Ejército Nacional de Colombia, vinculados a 49 casos de ‘falsos positivos’ en el Catatumbo, departamento de Norte de Santander, ocurridos entre 1999 y 2008.
La decisión fue adoptada luego de que los comparecientes aceptaran su responsabilidad, solicitaran perdón y se comprometieran con la reparación de las víctimas y la garantía de no repetición. Gracias al cumplimiento de los requisitos del régimen transicional de la JEP —verdad plena, contribución a la reparación y compromiso de no repetición— estos hombres acceden al mecanismo de renuncia a la persecución penal, que elimina los antecedentes judiciales y disciplinarios de los casos.
El patrón investigado por la JEP en el Catatumbo incluye dos modalidades principales: la victimización de civiles señalados falsamente como guerrilleros y el asesinato de jóvenes vulnerables presentados como bajas en combate.
“Este avance se inscribe en la ruta de verdad, justicia, reparación y no repetición que exige el país”, señaló un portavoz de la JEP.
Las repercusiones de esta decisión son múltiples. Por una parte, representa un hito en la justicia transicional colombiana, al permitir cerrar uno de los capítulos más dolorosos del conflicto armado. Por otra, plantea preguntas complejas sobre la verdadera reparación de las víctimas y la efectividad del mecanismo para garantizar que hechos tan graves como los ‘falsos positivos’ no se repitan.
Y es que aunque el cierre de estos procesos —y la entrega de verdad por parte de los exmilitares— son pasos necesarios, muchas voces de la sociedad civil señalan que la verdad no basta, y que la reparación debe traducirse en cambios concretos en las comunidades afectadas.
🔍 Los retos que persisten:
- Verificar que el régimen de condicionalidad —que incluye contribuciones restaurativas— se cumpla de modo riguroso.
- Garantizar que las víctimas y sus familias participen activamente en el proceso de reparación simbólica, económica y social.
- Fortalecer los mecanismos de vigilancia y seguimiento para evitar nuevas ejecuciones extrajudiciales en otras regiones.
- Ampliar la verdad para cubrir todos los casos que aún no han sido esclarecidos dentro del macrocaso de los ‘falsos positivos’.
En definitiva, el cierre de este capítulo por parte de la JEP abre una ventana de oportunidad para la reconciliación en el Catatumbo, pero también exige vigilancia, compromiso institucional continuo y participación auténtica de las víctimas, para que el dolor encuentre su camino hacia la reparación y la memoria colectiva.