Las dificultades para acceder de manera oportuna a servicios de salud continúan llevando a numerosos ciudadanos a los juzgados en busca de respuestas.
En Colombia, la acción de tutela se ha convertido nuevamente en una herramienta utilizada por pacientes que enfrentan inconvenientes relacionados con la entrega de medicamentos, asignación de citas, procedimientos y otros servicios médicos. La situación también tiene un reflejo en Neiva, donde se registra un número importante de estos recursos judiciales.
El panorama ha generado preocupación debido a que la tutela está concebida como un mecanismo para proteger derechos fundamentales, pero el aumento de su utilización en asuntos de salud evidencia las dificultades que encuentran algunos usuarios para obtener atención por los canales ordinarios.
Ante una situación que afecte el acceso a un servicio de salud, inicialmente se recomienda presentar la solicitud o reclamación ante la EPS. Si no se obtiene una respuesta oportuna, los usuarios también pueden acudir a la Superintendencia Nacional de Salud, que dispone de canales para recibir peticiones, quejas y reclamos.
Cuando estos mecanismos no permiten solucionar la vulneración de un derecho fundamental, la acción de tutela puede ser presentada ante un juez de la República, de acuerdo con las circunstancias de cada caso.
El crecimiento de estas acciones vuelve a poner sobre la mesa una pregunta: ¿por qué los ciudadanos tienen que acudir a los jueces para conseguir servicios que deberían recibir directamente a través del sistema de salud?
