Ante las jornadas de movilización anunciadas en distintos puntos del país, el Gobierno Nacional fijó una postura contundente: si bien respetará el derecho constitucional a la marcha pacífica, no tolerará el bloqueo de carreteras ni la afectación al libre tránsito de los ciudadanos y la economía.
Desde el Ministerio del Interior y la cúpula de la Fuerza Pública se giraron instrucciones precisas a los gobernadores y alcaldes para activar los Puestos de Mando Unificado (PMU) y desplegar operativos de control que eviten el taponamiento de arterias viales estratégicas.
Garantía de derechos y orden público Las autoridades enfatizaron que bloquear vías constituye un delito que vulnera los derechos de la mayoría de la población y perjudica el abastecimiento de insumos básicos y alimentos. Por ello, la Policía Nacional y la Fuerza Pública actuarán con celeridad para despejar cualquier intento de parálisis, garantizando al mismo tiempo la seguridad de quienes marchan de manera ordenada.
