La Procuraduría General de la Nación ha presentado cargos contra Diana Milena Gómez Claros, tesorera general de la Alcaldía de Garzón, Huila, y Wilson Lombana Galíndez, profesional universitario, por su presunta participación en el hurto de alrededor de $600 millones a través de medios informáticos. Los fondos fueron transferidos desde las cuentas municipales a la cuenta de un particular.
Se alega que Gómez Claros, quien tenía a su cargo la custodia y manejo de los fondos municipales desde 2020, podría haber actuado imprudente y negligentemente, ocasionando la pérdida de recursos. La Procuraduría sostiene que existen pruebas de dos transferencias de dinero desde su equipo asignado en la Tesorería a cuentas de ahorro, las cuales fueron retiradas por un particular en Cali, Valle del Cauca.
En cuanto a Lombana Galíndez, ingeniero de sistemas desde 2011, se le imputan cargos por supuesta apropiación indebida de dinero en beneficio de un tercero. Se alega que utilizó sus conocimientos para manipular equipos y realizar movimientos de $581 millones, superando medidas de seguridad informáticas y suplantando el usuario en los mecanismos de autenticación.
Adicionalmente, se le imputa un segundo cargo por presuntamente destruir o eliminar el software en el computador de Gómez Claros, utilizado para llevar a cabo el acto delictivo. Se sostiene que reinstaló el sistema operativo sin dejar copia, impidiendo análisis de los registros y eliminando la posibilidad de ser usado como evidencia.
La Procuraduría califica la conducta de Gómez Claros como falta gravísima cometida a título de culpa gravísima, mientras que Lombana Galíndez enfrenta cargos por falta gravísima a título de dolo para ambos señalamientos. El Ministerio Público destaca la necesidad de esclarecer estos presuntos actos delictivos que afectan las finanzas municipales y la confianza en la gestión pública.