Una alerta sobre posibles amenazas contra el jefe de la Registraduría Nacional motivó la apertura de una investigación de la Fiscalía. Distintos sectores políticos y organismos del Estado pidieron reforzar su protección y garantizar la seguridad de la institucionalidad electoral.
La seguridad del registrador nacional de Colombia, Hernán Penagos Giraldo, se encuentra bajo alerta tras conocerse información sobre un posible plan para atentar contra su vida. La advertencia habría llegado al Gobierno Nacional a través de una persona privada de la libertad, situación que llevó a las autoridades a activar las actuaciones correspondientes.
De acuerdo con la información divulgada, el ministro de Justicia, Iván Cancino, recibió datos de un interno que aseguró conocer detalles de un eventual atentado contra el funcionario. La información fue puesta en conocimiento del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, del vicefiscal encargado, Gilberto Guerrero, y del propio registrador.
La Fiscalía General de la Nación abrió una noticia criminal y asignó un fiscal para esclarecer las circunstancias de la amenaza, verificar su alcance e identificar a los posibles responsables. Entretanto, se prevé el fortalecimiento de las medidas de seguridad para proteger a Penagos.
La alerta se conoció mientras el registrador se encontraba fuera del país, en el marco de las elecciones de Brasil.
Antecedentes de amenazas contra la Registraduría
El caso revive las preocupaciones por los mensajes intimidatorios dirigidos contra el funcionario y otros integrantes de la organización electoral. El pasado 6 de agosto, la Defensoría del Pueblo rechazó amenazas difundidas desde cuentas anónimas en redes sociales contra Penagos, servidores de la Registraduría e instalaciones de la entidad.
En ese momento, el organismo solicitó a la Fiscalía investigar los hechos y pidió a la Unidad Nacional de Protección evaluar el nivel de riesgo del registrador y adoptar las medidas necesarias para salvaguardar su integridad.
Ante la nueva información, la Defensoría reiteró la necesidad de verificar urgentemente la amenaza y reforzar la protección del funcionario, así como de los equipos y las instalaciones de la Registraduría, de acuerdo con los riesgos identificados.
Rechazo de distintos sectores políticos
Las posibles amenazas generaron pronunciamientos de representantes de diferentes instituciones y sectores políticos, que coincidieron en pedir garantías para la seguridad del registrador y el ejercicio de sus funciones.
El vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, expresó su rechazo a las intimidaciones. Por su parte, el procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, condenó las amenazas y sostuvo que la democracia no debe dejarse intimidar.
El presidente del Congreso, Honorio Henríquez, afirmó que este tipo de hechos no puede tener cabida en el sistema democrático, mientras que el presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, calificó como inaceptable que se pretenda atentar contra la institucionalidad desde un centro penitenciario.
También se pronunciaron congresistas y representantes de distintos sectores políticos. La presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, señaló que la seguridad y la independencia del registrador son fundamentales para preservar la autonomía de la Registraduría y las garantías electorales.
En la misma línea, el Partido Conservador manifestó que cualquier amenaza contra la vida del funcionario representa también un riesgo para la institucionalidad democrática y las garantías electorales del país.
Piden garantías para el proceso electoral
La alerta se conoce en medio de las discusiones y tensiones alrededor de la organización electoral y los cuestionamientos públicos sobre los procesos de votación.
Los pronunciamientos insisten en la necesidad de proteger a los funcionarios encargados de garantizar el desarrollo de los procesos electorales y permitir que ejerzan sus responsabilidades sin intimidaciones.
Hasta el momento referido en la información conocida, el registrador Hernán Penagos no se había pronunciado públicamente sobre las amenazas. La investigación deberá establecer la credibilidad y el alcance del posible plan, así como determinar quiénes estarían detrás de él.
