La Contraloría Delegada Intersectorial No. 5 de la Unidad de Responsabilidad Fiscal confirmó, mediante el Auto No. URF2-1879 del 30 de diciembre de 2025, que no hubo daño patrimonial al Municipio de Neiva en la ejecución del Contrato de Suministro No. 1093 de 2020, relacionado con el PAE, y ordenó el archivo definitivo del proceso de responsabilidad fiscal que se adelantaba desde 2022. 
El examen fiscal evaluó presuntos sobrecostos en la adquisición de raciones alimentarias durante la emergencia sanitaria. Sin embargo, un informe técnico considera que los precios acordados en el contrato estaban por debajo de los promedios de mercado en ese momento para productos como arroz y flan de huevo, tomando en cuenta variables como logística, bioseguridad y transporte, imprescindibles en la entrega de alimentos durante la pandemia. 
La Contraloría determinó que los precios mayoristas, como los del boletín SIPSA-DANE, no podían emplearse de forma aislada como referencia, ya que no incorporan costos reales del servicio en una contingencia sanitaria, y que la gestión del contrato se ajustó a los principios de economía y eficiencia. 
Con la decisión, quedaron sin efecto las imputaciones fiscales relacionadas con ese proceso, incluyendo a quienes estuvieron vinculados al contrato, entre ellos el entonces Secretario de Educación y terceros civilmente responsables. El archivo del expediente representa un respaldo al manejo de los recursos del PAE durante la administración del exalcalde Gorky Muñoz Calderón. 
