El Juzgado 24 de Familia de Bogotá ordenó al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y al Museo Nacional de Colombia restituir, en un plazo de 48 horas, las 63 piezas retiradas de distintas salas de exhibición de la institución.
La decisión, conocida el 29 de octubre de 2026, se produjo tras resolver de manera conjunta 15 acciones de tutela que cuestionaron el retiro de objetos relacionados con la memoria histórica, el conflicto armado, los procesos de paz, las luchas sociales y la diversidad.
El fallo dispone que los elementos regresen a sus respectivos espacios de exhibición y permanezcan allí mientras se desarrolla una evaluación técnica y curatorial con participación del Comité de Gestión Patrimonial del museo.
¿Por qué el juez ordenó devolver las piezas?
Uno de los argumentos centrales de la decisión fue que las entidades involucradas no acreditaron razones técnicas y curatoriales suficientes para justificar el retiro de los objetos.
Según el juzgado, las exposiciones de un museo pueden modificarse, pero esos cambios deben sustentarse en procedimientos institucionales y criterios objetivos. También señaló que las manifestaciones culturales no pueden excluirse del acceso público únicamente por desacuerdos con su contenido político o ideológico.
La providencia establece que la revisión de las exposiciones debe respetar principios como la protección de la memoria histórica, el pluralismo, la igualdad, el enfoque diferencial y de género, y la prohibición de censura.
El fallo no impide reorganizar las salas del Museo Nacional, pero exige que cualquier modificación cumpla los procedimientos correspondientes y cuente con el respaldo de las instancias competentes.
¿Qué originó la controversia?
La polémica comenzó el 15 de octubre de 2026, cuando fueron desmontados objetos de varias salas del museo, en medio de la discusión sobre la orientación de las exposiciones y la representación de la historia política reciente de Colombia.
En su respuesta ante el juzgado, el Ministerio de las Culturas sostuvo que el retiro se realizó en cumplimiento de una orden presidencial. Además, defendió la actuación con argumentos relacionados con la gestión técnica, la rotación de las colecciones y la neutralidad institucional, y negó que se tratara de censura o discriminación.
Sin embargo, el juzgado concluyó que no se acreditó un procedimiento técnico o curatorial suficiente que justificara la exclusión de los elementos.
Reacciones a la decisión judicial
El representante a la Cámara Gabriel Becerra, del Pacto Histórico y uno de los promotores de la tutela, calificó el fallo como una victoria para la memoria de las víctimas, la diversidad y la paz.
La acción judicial también fue promovida por Jorge Virviescas, integrante del colectivo León Zuleta, y Kevyn Muñoz Torres, de Revolución en Rosa. Los demandantes cuestionaron el retiro de objetos relacionados con la diversidad sexual, las luchas sociales, la historia política reciente y los procesos de paz.
En contraste, el concejal de Bogotá Andrés Barrios pidió impugnar la decisión. El cabildante cuestionó la presencia de determinados contenidos en las salas y los calificó como propaganda política, en particular por sus referencias al M-19 y a las reivindicaciones sociales.
Las posiciones reflejan el debate sobre la manera en que deben representarse los distintos episodios y actores de la historia colombiana en un museo público.
¿Cuáles son las 63 piezas que deberán regresar?
Según el inventario presentado por el Ministerio ante el juzgado, 22 de los 63 objetos están clasificados como piezas patrimoniales. Los demás corresponden a facsímiles, elementos de apoyo y objetos entregados en comodato.
Entre los materiales mencionados figuran elementos relacionados con la Unión Patriótica, las luchas feministas, los derechos de las mujeres, la población LGBTIQ+, las víctimas del conflicto armado y el Acuerdo de Paz de 2016 con las antiguas Farc.
También se encuentran referencias a la séptima papeleta y a las campañas presidenciales de Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro, así como el denominado “Balígrafo”, asociado con la firma del acuerdo de paz de 2016.
La orden judicial exige la restitución de los elementos a sus respectivos espacios, bajo condiciones adecuadas de conservación, mientras se adelanta la evaluación técnica y curatorial.
La decisión vuelve a poner en el centro de la discusión el papel de los criterios profesionales en los museos públicos y la manera en que se construye y presenta la memoria histórica del país.
