La investigación por la presunta manipulación del sistema académico de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) tomó una nueva dimensión tras conocerse que ocho personas, entre ellas un abogado huilense y excontratista de la Alcaldía de Neiva, fueron capturadas y judicializadas en junio pasado. A este grupo se suma Carlos Andrés Oyola Tovar, funcionario activo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), detenido recientemente en Neiva. Todos son señalados de participar en una presunta estructura que habría alterado registros académicos para facilitar la obtención irregular de certificaciones y títulos profesionales.
El caso, que es investigado por la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos de la Fiscalía General de la Nación, tiene como punto de partida una serie de irregularidades detectadas en las plataformas tecnológicas de la UNAD. De acuerdo con la investigación, los implicados habrían aprovechado vulnerabilidades informáticas para modificar historiales académicos, alterar calificaciones y hacer aparecer como aprobadas asignaturas que no habrían sido superadas.
Entre los ocho capturados en junio se encuentra el abogado Johan Felipe Calderón Rivera. También fueron detenidos David Alberto Botero Reyes, Jorge Mario Medina Martín, Ilba Chala Castañeda, Andrea Estefany Ninco Gutiérrez, Héctor Ignacio Varilla Figueroa, José Alexander Cárdenas González e Iván Andrés Cepeda Osma.
La Fiscalía les formuló imputación por diferentes conductas relacionadas con concierto para delinquir, falsedad en documento público, acceso abusivo a sistemas informáticos y fraude procesal, de acuerdo con las presuntas responsabilidades atribuidas a cada uno.
Pese a la gravedad de los señalamientos, los ocho procesados recuperaron su libertad después de las audiencias de judicialización, tras no aceptar los cargos. Sin embargo, el proceso continuó y en octubre pasado se presentó el escrito de acusación, por lo que deberán responder ante la justicia en la etapa de juicio. La libertad de los investigados no significa que el proceso penal haya terminado.
Las irregularidades que encendieron las alertas
Uno de los casos que habría permitido avanzar en las investigaciones fue el de Carlos Andrés Oyola Tovar. En junio de 2023, una docente de la UNAD encontró diferencias entre las calificaciones registradas en distintas plataformas académicas del estudiante.
Algunas asignaturas aparecían reprobadas en un sistema y aprobadas en otro. Las inconsistencias también fueron identificadas al comparar el sistema de notas, el historial académico individual y las aulas virtuales.
La situación fue examinada por el Consejo de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, que dejó constancia de las anomalías y dio paso a las verificaciones técnicas y actuaciones disciplinarias correspondientes.
De acuerdo con lo expuesto durante el proceso, Oyola Tovar no habría intervenido únicamente para obtener beneficios académicos personales, sino que presuntamente habría desempeñado funciones de enlace y articulación dentro de la estructura investigada.
El funcionario fue capturado el pasado viernes en el barrio Quirinal de Neiva, cuando salía de la clínica Uros. Tras la legalización de su captura, quedó pendiente la decisión judicial sobre la imposición de una medida de aseguramiento.
La UNAD asegura que denunció las anomalías desde 2021
En medio de la controversia, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia rompió su silencio mediante un comunicado en el que aclaró que las primeras irregularidades fueron detectadas por la propia institución en 2021, a través de su centro especializado en ciberseguridad.
La universidad indicó que, desde entonces, puso en marcha mecanismos de control y adoptó medidas técnicas, académicas, administrativas y disciplinarias para determinar el alcance de lo ocurrido.
También informó que trasladó la información a la Fiscalía General de la Nación y que actualmente tiene la condición de víctima dentro del proceso penal.
Según el pronunciamiento institucional, los casos identificados corresponden a 22 estudiantes. La UNAD reiteró su disposición de colaborar con las autoridades y anunció que continuará adelantando las acciones legales para esclarecer los hechos, proteger sus sistemas y buscar verdad, justicia y reparación.
La investigación busca establecer la dimensión de la presunta red, las responsabilidades individuales y el alcance de las alteraciones realizadas en los registros académicos de la institución.
