Bajada:
La iniciativa, impulsada por el representante huilense Julio César Triana, superó su primer debate en la Comisión Primera de la Cámara. El proyecto propone crear un nuevo delito para quienes oculten su identidad durante manifestaciones y cometan actos vandálicos. También contempla multas de hasta $350 millones.
Desarrollo:
El proyecto de ley conocido popularmente como ‘ley anticapuchas’ superó su primer debate en el Congreso de la República y continuará su trámite legislativo en la plenaria de la Cámara de Representantes. La iniciativa, promovida por el congresista huilense Julio César Triana, busca establecer sanciones penales para quienes oculten su identidad durante manifestaciones públicas y utilicen esta condición para cometer actos vandálicos.
La propuesta fue discutida en la Comisión Primera de la Cámara, donde inicialmente se sometieron a votación dos proposiciones que buscaban archivar el proyecto, presentadas por sectores del Pacto Histórico y la Alianza Verde.
De los 36 representantes que participaron en esta votación, 21 se opusieron al archivo y 15 lo respaldaron, por lo que la iniciativa continuó su trámite. Posteriormente, el proyecto recibió 22 votos favorables y dos negativos, con lo que fue aprobado en primer debate.
¿Qué sanciones contempla el proyecto?
La iniciativa plantea la creación de un nuevo delito autónomo que tendría penas de prisión entre 54 y 96 meses, equivalentes a cuatro años y medio y ocho años, además de multas entre 50 y 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
A valores actuales, las sanciones económicas podrían oscilar entre aproximadamente $87 millones y $350 millones.
Según explicó el representante Julio César Triana, el proyecto no busca prohibir el uso de capuchas durante las manifestaciones ni impedir que los ciudadanos oculten su rostro. Su aplicación requeriría que concurran tres circunstancias: el ocultamiento de la identidad, que ocurra en el contexto de una protesta y que se ejecute un acto delictivo.
El congresista también señaló que el nombre de la iniciativa será modificado durante su trámite legislativo.
Posiciones a favor y en contra
Durante el debate, los promotores defendieron la constitucionalidad de la propuesta y señalaron que busca diferenciar el ejercicio legítimo de la protesta social de las conductas delictivas que puedan presentarse durante las manifestaciones.
El representante Daniel Felipe Bernal Montealegre sostuvo que la Corte Constitucional ya se ha pronunciado sobre circunstancias de agravación relacionadas con el ocultamiento del rostro en la comisión de delitos.
En contraste, representantes del Pacto Histórico cuestionaron la iniciativa y argumentaron que podría generar interpretaciones ambiguas sobre el ocultamiento de la identidad y afectar el derecho a la protesta.
La representante Laura Daniela Beltrán Palomares, conocida como ‘Lalis’, afirmó que el proyecto representa una criminalización de la protesta social. También advirtió sobre el riesgo de que elementos como tapabocas o bufandas puedan generar dificultades de interpretación al momento de aplicar la norma.
Otros congresistas opositores cuestionaron la creación de un nuevo delito, al considerar que algunas de las conductas que pretende sancionar ya están contempladas en el Código Penal.
¿Qué sigue para la iniciativa?
Tras su aprobación en la Comisión Primera, el proyecto deberá superar otros tres debates: uno en la plenaria de la Cámara de Representantes y dos en el Senado de la República.
Al tratarse de una ley ordinaria, necesita completar los cuatro debates y cumplir los demás requisitos constitucionales para convertirse en ley.
Por ahora, la propuesta continúa su trámite legislativo y mantiene abierto el debate sobre los límites entre el derecho a la protesta, la protección de la identidad y las sanciones por actos delictivos durante las manifestaciones.
