Carlos Ernesto Camargo Assis, exdefensor del Pueblo y uno de los favoritos para integrar la Corte Constitucional, enfrenta un expediente penal que podría poner en riesgo su postulación. La investigación, revelada por Señal Investigativa, revela denuncias por espionaje interno y presuntos conflictos de interés en la contratación de familiares de magistrados.
La Fiscalía General abrió una investigación por el presunto uso de un software adquirido para el Centro de Investigación para la Defensa durante la administración de Camargo en la Defensoría. Según Señal Investigativa, el programa habría servido para espiar a sindicalistas y críticos internos. En julio pasado, la entidad realizó inspecciones judiciales, levantando evidentes señalamientos contra el exdefensor.
Sindicalistas denunciaron que el sistema interceptaba comunicaciones, incluidas llamadas, mensajes y datos electrónicos. En respuesta, Camargo aseguró que el laboratorio forense —creado con apoyo del BID— estaba diseñado para fortalecer la defensa técnica de los defensores públicos, no para realizar intercepciones ilegales.
Investigaciones periodísticas, incluida La Silla Vacía, indican que Camargo contrató a familiares directos de siete magistrados de la Corte Suprema (como esposas, hijos y hermanos), lo que representa aproximadamente el 30 % de esta corporación judicial. Esto abre sospechas sobre posibles conflictos de interés y favorecimiento, especialmente en el proceso de ternación para su posible elección.
Este esquema recuerda lo ocurrido en 2016 con Alejandro Ordóñez, cuya elección como procurador fue anulada por violar el artículo 126 de la Constitución (prohibición de nombramientos a familiares de quienes deciden en la elección).
Camargo fue incluido en la terna de candidatos para la Corte Constitucional, junto a María Patricia Balanta y Jaime Humberto Tobar. La elección está prevista para el 3 de septiembre en el Senado. Entretanto, el expediente por espionaje y los señalamientos éticos han generado tensión en el proceso, con voces críticas advirtiendo sobre un posible proceso de nulidad si es elegido.
Expertos como Rodrigo Uprimny y Armando Novoa han expresado la necesidad de evaluar a fondo los antecedentes éticos del candidato antes del voto, advirtiendo que sin claridad, la candidatura podría derivar en graves cuestionamientos.