La plenaria de la Cámara de Representantes terminó el miércoles 28 de octubre el trámite ordenado por la Corte Constitucional para revisar diez puntos de la reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro. Tras dos jornadas de discusión, las principales propuestas de modificación fueron negadas y otras iniciativas fueron retiradas por sus autores.
Con esta decisión, el articulado quedó sin cambios frente al texto aprobado por el Senado. Ahora, la Corte Constitucional deberá determinar si el Congreso corrigió los vicios de procedimiento identificados durante el trámite legislativo.
El debate se desarrolló dentro del plazo establecido por el alto tribunal, que vencía el 29 de octubre de 2026. La revisión había sido ordenada después de que la Corte encontrara irregularidades relacionadas con la falta de discusión de algunas proposiciones.
Dos jornadas de discusión
La discusión comenzó el martes 27 de octubre. Durante esa primera sesión, la plenaria negó tres proposiciones relacionadas con los artículos 11, 14 y 19, presentadas por el excongresista Antonio Zabaraín.
El miércoles se reanudó el debate con una propuesta relacionada con el artículo 23, que aborda la comisión recibida por las administradoras de fondos de pensiones por los recursos administrados. La iniciativa también fue negada, por lo que se mantuvo el texto aprobado previamente por el Senado.
Uno de los puntos más debatidos fue el artículo 36, que contempla beneficios pensionales para las mujeres con hijos. El representante Víctor Manuel Salcedo propuso limitar la aplicación de la reducción de semanas de cotización, pero la iniciativa no prosperó.
Por tanto, se mantuvo la disposición que permite reducir 50 semanas de cotización por cada hijo, hasta un máximo de tres, para un beneficio de hasta 150 semanas, bajo las condiciones establecidas en la norma.
Otras propuestas fueron retiradas
Durante el trámite también se retiraron proposiciones relacionadas con el inciso segundo del artículo 63, el numeral quinto del artículo 84, el inciso primero del artículo 92 y la eliminación del artículo 93.
Asimismo, la representante Jennifer Pedraza retiró una iniciativa que buscaba incorporar un nuevo artículo para prevenir posibles conflictos de interés en las operaciones de las administradoras del régimen de ahorro individual, sus entidades vinculadas y los fondos bajo su administración.
Con estas decisiones, la Cámara completó la revisión de las diez proposiciones señaladas por la Corte Constitucional.
Se mantiene el trato diferencial para comunidades étnicas y campesinas
Entre las disposiciones que permanecieron en el texto está el trato diferencial para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, pueblos indígenas y campesinos.
La norma contempla ajustes en las semanas exigidas para acceder a determinados beneficios, teniendo en cuenta las diferencias en la esperanza de vida de estas poblaciones frente al promedio nacional. El DANE deberá calcular esa diferencia y, con base en los resultados, el Ministerio del Trabajo determinará el ajuste correspondiente.
La Corte Constitucional tendrá la última palabra
La finalización del trámite en la Cámara no significa que haya concluido la revisión constitucional. El Congreso deberá remitir la documentación correspondiente para que la Corte determine si se subsanaron adecuadamente los vicios de procedimiento identificados.
La revisión se centra en establecer si las proposiciones cuestionadas tuvieron la deliberación exigida por las normas constitucionales y legales.
La Ley 2381 de 2024 tiene prevista su entrada en vigencia general para el 1 de abril de 2027, de acuerdo con lo dispuesto por la Corte en su decisión de agosto. El futuro de los apartados revisados dependerá del pronunciamiento del alto tribunal.
