La decisión cobija a 11 antiguos comandantes de las Farc, señalados como máximos responsables de graves violaciones a los derechos humanos en diez departamentos del país. Entre los hechos documentados figuran el ataque con un ‘burro bomba’ en Chalán, que dejó 11 policías muertos, y la masacre de 34 campesinos en Tibú.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’, y a Pastor Lisandro Alape Lascarro, junto con otros nueve antiguos comandantes de las extintas Farc, por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en diez departamentos del norte y nororiente de Colombia.
La decisión fue adoptada por la Sala de Reconocimiento de Verdad en el marco del Caso 10, que investiga crímenes no amnistiables cometidos por las antiguas Farc-EP y que no fueron abordados en otros macrocasos de la jurisdicción.
Los 11 comparecientes fueron señalados como máximos responsables de graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH), relacionadas con las actuaciones de los antiguos bloques Magdalena Medio y Caribe.
Los delitos que investiga la JEP
Entre las conductas atribuidas a los antiguos comandantes figuran homicidio, desplazamiento forzado, ataques contra la población civil y bienes protegidos, tortura, violación y otras formas de violencia sexual.
También fueron imputados por crímenes de lesa humanidad como asesinato, traslado forzoso de población, desaparición forzada, tortura y otros actos inhumanos.
La investigación, bajo la correlatoría de la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, identificó patrones de violencia que afectaron a comunidades campesinas, docentes, líderes sociales, organizaciones comunitarias, autoridades indígenas y afrodescendientes, comunidades religiosas e integrantes de la Fuerza Pública.
El ‘burro bomba’ que dejó 11 policías muertos en Chalán
Uno de los episodios más graves documentados ocurrió durante la toma guerrillera del municipio de Chalán, Sucre, en 1996.
En esa incursión, integrantes del Frente 35 de las Farc utilizaron un burro cargado con aproximadamente 50 kilogramos de explosivos, que fueron detonados en el casco urbano. El ataque destruyó buena parte de la población y ocasionó la muerte de 11 policías.
La acción también provocó el desplazamiento masivo de habitantes y dejó al municipio prácticamente abandonado, situación por la que llegó a ser conocido como ‘el pueblo candado’.
Otro de los hechos incluidos en la investigación fue la masacre de la finca La Duquesa, en Tibú, Norte de Santander, perpetrada en 2004. En ese lugar, integrantes del Frente 33 asesinaron a 34 campesinos, entre ellos dos menores de 15 y 17 años.
Atentados contra objetivos urbanos
La imputación también comprende acciones de las antiguas Farc dirigidas contra objetivos urbanos y que buscaban generar impacto en la población.
Entre ellas se encuentra el atentado perpetrado en 2002 contra la caravana del entonces candidato presidencial Álvaro Uribe Vélez, en Barranquilla, mediante la utilización de un vehículo de helados acondicionado con explosivos.
Asimismo, la investigación documentó la detonación de un carro bomba frente a las instalaciones de Caracol Radio, en Bogotá, en 2010, y acciones de sabotaje contra infraestructura energética y petrolera que ocasionaron daños ambientales, particularmente en fuentes hídricas como el río Catatumbo.
Dos patrones de violencia sistemática
En sus conclusiones, la Sala de Reconocimiento identificó dos patrones de violencia que, según la investigación, no correspondieron a hechos aislados.
El primero estuvo relacionado con el control social y territorial. Las antiguas Farc habrían impuesto normas en diferentes comunidades mediante amenazas, señalamientos contra personas consideradas colaboradoras del enemigo y castigos contra quienes incumplían sus disposiciones.
Estas prácticas afectaron especialmente a comunidades religiosas, docentes, organizaciones campesinas, Juntas de Acción Comunal y asociaciones como la ANUC y la ATCC.
La JEP también documentó el uso de la violencia sexual como mecanismo de intimidación, castigo y control sobre la población civil.
El segundo patrón estuvo relacionado con los crímenes cometidos durante las hostilidades, mediante el uso de armas y métodos de guerra de efectos indiscriminados, incluso durante tomas e incursiones contra poblaciones.
Más de 700 víctimas participan en el proceso
La decisión de la JEP tuvo en cuenta los relatos y las acreditaciones de 733 víctimas que han participado en el proceso para contribuir al esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades.
La jurisdicción también expuso cifras sobre la impunidad de estos delitos en la justicia ordinaria: más del 95 % de los procesos nunca llegaron a juicio y más del 72 % permanecían en etapa de indagación preliminar.
En regiones como el Caribe y el Magdalena Medio, la impunidad en los casos de desplazamiento forzado y desaparición forzada alcanzó el 100 %, según los datos presentados por la Sala.
Con esta imputación, la JEP avanza en el esclarecimiento de graves hechos del conflicto armado colombiano y en la determinación de las responsabilidades de quienes ocuparon posiciones de mando dentro de las antiguas Farc.
