Bajada:
El Gobierno de Abelardo De La Espriella anunció que avanza en la estructuración de los primeros proyectos de megacárceles. Durante una audiencia ante la Corte Constitucional se conoció que las estaciones de Policía del Huila registran un hacinamiento del 52 %, mientras que en Neiva la cifra alcanza el 107 %.
Desarrollo:
La construcción de megacárceles se perfila como una de las principales estrategias del Gobierno Nacional para enfrentar la crisis de hacinamiento que afecta al sistema penitenciario y carcelario del país. Así lo confirmó el ministro de Justicia, Iván Cancino, durante una audiencia de nueve horas realizada ante la Corte Constitucional, en la que diferentes entidades expusieron sus propuestas para superar la problemática.
“Estamos prontos a anunciar la estructuración y cómo van a ser las primeras”, manifestó el ministro, quien también señaló que se trabaja en la terminación de dos proyectos de infraestructura que permitirían habilitar nuevos cupos carcelarios.
La audiencia reunió a representantes de los ministerios de Justicia, Hacienda y Salud, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), autoridades territoriales, organismos de control y otras instituciones. La discusión se concentró en tres aspectos: financiación del sistema, ampliación de la infraestructura y fortalecimiento de los mecanismos de información y seguimiento.
Megacárceles y nuevos proyectos
Durante su intervención, Cancino explicó que el Gobierno recibió algunos proyectos de infraestructura de la administración anterior y que se adelanta una evaluación de los 124 establecimientos carcelarios del orden nacional para determinar cuáles requieren inversiones y cuáles necesitan otro tipo de soluciones.
El funcionario también indicó que se identificó un amplio inventario de bienes del INPEC que podría convertirse en una alternativa para mejorar la financiación del sistema penitenciario.
Frente a la permanencia de personas detenidas en estaciones de Policía y centros de detención transitoria, el ministro expuso tres líneas de actuación: trasladar a la población condenada que permanece en estos lugares, establecer alternativas adecuadas para las personas procesadas y coordinar con las autoridades territoriales soluciones que cumplan condiciones de seguridad, habitabilidad, saneamiento y acceso a servicios públicos.
Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió sobre el lento crecimiento de la capacidad carcelaria. Según indicó, el sistema pasó de 78.420 cupos en 2016 a 81.025 en junio de 2026. Además, recomendó terminar los 14 proyectos de infraestructura que se encuentran activos, garantizar que los cupos estén realmente habilitados y planificar las nuevas construcciones de acuerdo con las necesidades de cada territorio.
Huila y Neiva, con altos índices de hacinamiento
Las cifras presentadas ante la Corte Constitucional también evidenciaron la compleja situación que enfrentan las estaciones de Policía en el departamento del Huila.
De acuerdo con los datos oficiales, el Departamento de Policía Huila tiene bajo custodia a 266 personas en instalaciones con capacidad para 175 detenidos. Esto representa un hacinamiento del 52 %.
La situación es aún más crítica en la jurisdicción de la Policía Metropolitana de Neiva, donde permanecen 265 personas detenidas en espacios diseñados para albergar a 128. La sobreocupación alcanza el 107 %, lo que significa que hay más del doble de personas frente a la capacidad disponible.
Estas cifras ponen de manifiesto la presión que soportan las instalaciones policiales en la región y la necesidad de encontrar alternativas para evitar que las estaciones continúen funcionando como lugares de reclusión prolongada.
La crisis nacional supera los 18.000 detenidos
El panorama nacional tampoco es alentador. Según el reporte de la Policía Nacional entregado a la Corte, con corte al 24 de agosto de 2026, Colombia cuenta con 1.065 salas de detención en estaciones y subestaciones de Policía, además de 79 espacios en Unidades de Reacción Inmediata (URI), para un total de 1.144 centros de detención transitoria.
Estas instalaciones tienen capacidad para 9.686 personas, pero albergan a 18.824 detenidos, es decir, 9.138 personas por encima de su capacidad. La sobreocupación nacional alcanza el 94,34 %.
Otro dato que preocupa es que 17.292 personas superan el límite constitucional de 36 horas de permanencia en estos espacios.
Al cierre de la audiencia, el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez recordó que los centros de detención transitoria no pueden convertirse en cárceles ni reemplazar a los establecimientos penitenciarios.
“Los centros de detención transitorios no pueden ser cárceles, no lo son”, enfatizó el magistrado, quien pidió revisar los indicadores y avanzar en soluciones que permitan superar esta situación.
La Corte evaluará las respuestas entregadas por las instituciones y los documentos que deberán remitir las entidades convocadas, con el propósito de reorientar las acciones y avanzar en el cumplimiento de las medidas para superar el estado de cosas inconstitucional que persiste en el sistema penitenciario colombiano.
