El Ministerio de Salud puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación presuntas irregularidades relacionadas con la asignación de recursos destinados a hospitales, luego de identificar diferencias entre los compromisos registrados en cinco resoluciones y el presupuesto disponible para respaldarlos.
De acuerdo con la ministra de Salud, Ana María Vesga, las resoluciones fueron expedidas entre el 24 de julio y el 5 de agosto de 2026. En conjunto, contemplaban asignaciones pendientes de registro presupuestal por $33.635 millones, pese a que el saldo disponible en el certificado correspondiente era de apenas $1.129 millones.
La diferencia entre los compromisos y los recursos disponibles supera los $32.500 millones, situación que llevó a la cartera de Salud a solicitar la intervención de las autoridades judiciales para esclarecer cómo se aprobaron las decisiones y qué controles se aplicaron antes de su expedición.
Documentos fueron entregados a la Fiscalía
La comunicación remitida al ente investigador está acompañada de las cinco resoluciones cuestionadas, el certificado de disponibilidad presupuestal y un informe técnico fechado el 25 de septiembre de 2026, en el que se detalla la inconsistencia identificada.
Según explicó la ministra, estos documentos permitirán examinar las decisiones administrativas y establecer si existen responsabilidades relacionadas con los procedimientos presupuestales aplicados.
La funcionaria solicitó que se valoren las pruebas y se adelanten las actuaciones correspondientes. Asimismo, manifestó que el Ministerio entregará la información adicional que requieran las autoridades.
Fiscalía deberá determinar si existen responsabilidades
La investigación deberá establecer las circunstancias en las que se expidieron las resoluciones, las verificaciones presupuestales realizadas y si los hechos pueden tener implicaciones penales.
Por ahora, se trata de presuntas irregularidades que deberán ser examinadas por las autoridades competentes. La diferencia presupuestal identificada no constituye, por sí sola, prueba de la comisión de un delito ni determina quiénes serían responsables.
