Dignidad Agropecuaria denunció ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que grandes empresas arroceras estarían utilizando la figura del “paddy seco” para evadir la Resolución 241 de 2025, reduciendo el pago a los agricultores, afectando la sostenibilidad económica del sector y poniendo en riesgo miles de empleos y la soberanía alimentaria del país.
El gremio, que agrupa a productores nacionales, presentó una queja formal señalando que un grupo de molineras y comercializadoras estaría desconociendo la regulación emitida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la cual fijó precios mínimos de compra para el arroz paddy verde.
“La situación que estamos viviendo en el sector arrocero en el país, y especialmente en el Huila, es preocupante. No se ha logrado un acuerdo con los industriales para que paguen a precio de resolución. Ese precio no es para enriquecernos ni empobrecernos, es para cubrir los costos de producción”, indicó Martín Vargas Chacón, líder de Dignidad Arrocera por el Huila.
La figura del “paddy seco”
De acuerdo con la denuncia, la industria habría adoptado una nueva modalidad de compra denominada “arroz paddy seco”.
“Es tan así la posición dominante de la industria que están llamando agricultor por agricultor para hacerlos firmar contratos de secamiento y limpieza. Nosotros no estamos preparados para ese cambio, pues la regulación establece que se debe comprar paddy verde”, expresó el arrocero.
Según los productores, esta práctica no solo desconoce el espíritu de la regulación, sino que traslada al agricultor los costos de secado, transporte y almacenamiento, reduciendo en la práctica el valor recibido por su cosecha.
“Nos van a cobrar 36.000 pesos por tonelada de almacenamiento y 120 pesos por kilo en secamiento. Además, pretenden demorarse hasta 60 días en pagar. Es una arbitrariedad y un desconocimiento al campesino, el eslabón más débil de la cadena”, agregó Vargas.
Dignidad Agropecuaria Nacional calificó estas prácticas como “una estrategia subrepticia para eludir la regulación de precios, diseñada para proteger al productor y garantizar la soberanía alimentaria”.
Riesgos para el empleo y la producción
El gremio advierte que la coyuntura es urgente: la cosecha actual está lista para la venta y cada día que pasa sin pago regulado aumenta los costos de almacenamiento y deteriora el grano. Según la queja, de mantenerse estas maniobras se pondrían en riesgo miles de empleos y la autosuficiencia arrocera del país.
Llamado al diálogo
En medio de la crisis, Vargas hizo un llamado a la industria y al Gobierno Nacional:
“Pedimos que nos sentemos a negociar. La industria debe comprar la cosecha a precio de Resolución. Hoy se nos paga a pérdidas: de 185.000 pesos que estaba en junio, bajaron a 170.000 el primero de julio y ahora proponen menos de 160.000 por carga de paddy verde. Así no se puede seguir trabajando. Esto nos lleva a desaparecer”.
El líder reiteró que el objetivo es encontrar una salida concertada en la que ganen agricultores, industria, comercio y consumidores.
La postura de la industria
El sector industrial, por su parte, sostiene que la Resolución 241 de 2025 fue expedida sin considerar el origen real de la coyuntura: una sobreoferta sin precedentes.
En 2024, Colombia sembró un récord de 631.000 hectáreas de arroz, generando la mayor cosecha de su historia. En 2025, los inventarios resultaron 92% superiores a los de 2024, mientras los precios internacionales del grano cayeron 30%.
En regiones como Casanare se alcanzaron 216.000 hectáreas solo en el primer semestre de 2025, superando las proyecciones del Plan de Ordenamiento Productivo de la UPRA. La industria advierte que esta sobreproducción, sumada a la coyuntura global, ha golpeado los precios y la competitividad.
Actualmente, el sector genera más de 8.000 empleos formales en zonas rurales y recibe la totalidad de la cosecha nacional (3,5 millones de toneladas anuales de paddy verde), con el compromiso de que ningún agricultor pierda su producción.
La Resolución 241 de 2025
La norma, expedida hace una semana tras los acuerdos en la mesa de negociación del paro arrocero, somete al arroz paddy verde al régimen de libertad regulada de precios. Los valores por tonelada fijados son: Bajo Cauca $1.491.478; Centro $1.589.489; Costa norte $1.512.785; Llanos $1.457.387; y Santanderes $1.555.398.
La Resolución también exige a los compradores reportar semanalmente en la plataforma Siriarroz los precios pagados, toneladas adquiridas, lugar de compra, condiciones de pago y financiamiento. Su incumplimiento deberá ser investigado por la SIC.
La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, explicó que la medida es excepcional y transitoria, y estará acompañada de un plan de choque contra el contrabando y un régimen de precios regulados para el arroz blanco.
Por su parte, la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales, señaló que se evaluarán instrumentos de defensa comercial y controles aduaneros para garantizar la efectividad de la regulación.
El Gobierno insiste en que la estrategia integral busca “proteger al campesino, asegurar la sostenibilidad de la cadena y consolidar la soberanía alimentaria”